Lo condenan a 100 años por tiroteo en centro migratorio; otros pasarán años tras las rejas
· Telemundo McAllen (KTLM)
Sentencian a un grupo de 8 personas halladas culpables de terrorismo en relación con el tiroteo del 4 de julio de 2025 en el Centro de Detención del ICE Prairieland en Alvarado, Texas. El organizador, Benjamin Song; quien podia haber recibido una pena mínima de 20 años o hasta cadena perpetua, fue condenado a 100 años de prisión. Los fiscales afirmaron que Benjamin Song, exreservista del Cuerpo de Marines de EEUU, gritó "¡vayan por los rifles!" y abrió fuego, alcanzando a un oficial de policía que acababa de llegar al centro. Aunque fue Song quien disparó, los fiscales acusaron a otros manifestantes de intento de asesinato de un oficial y de disparar un arma de fuego; sin embargo, fueron declarados no culpables. La fiscalía había argumentado que, dada la planificación del grupo, era previsible para los demás que pudiera producirse un tiroteo. Maricela Rueda fue condenada a 70 años. Savanna Batten, Zachary Evetts, Autumn Hill, Meagan Morris y Elizabeth Soto fueron condenadas a 600 meses (aproximadamente 50 años). Daniel Estrada fue acusado de ocultar un documento de manera ilícita y de conspiración para ocultar documentos. Fue declarado culpable de ambos cargos y condenado a 30 años. En total hubo nueve acusados en el juicio; ocho de ellos enfrentaban cargos por brindar apoyo material a terroristas, entre otros delitos. La audiencia de sentencia fue este martes en un tribunal federal de Fort Worth. La audiencia del noveno acusado fue reprogramada para la próxima semana u podría recibir una condena de entre 10 y 60 años. Los fiscales federales sostienen que el grupo tenía como objetivo atacar las instalaciones para interrumpir las operaciones de inmigración y deportación. Serán sentenciados por su participación en disturbios, obstrucción e intento de asesinato. Un oficial de policía de Alvarado recibió un disparo pero sobrevivió. Los fiscales calificaron el caso de "terrorismo interno", describiendo la violencia como un ataque planeado por activistas de Antifa; sin embargo, los abogados de los acusados rechazaron tal caracterización, argumentando que no existían vínculos con Antifa y que se trataba simplemente de una manifestación con fuegos artificiales que derivó en disparos. Este movimiento descentralizado de extrema izquierda se ha convertido en un objetivo de la administración Trump. Kash Patel, director del FBI, había señalado que este caso marcaba la primera vez que se presentaban cargos por proporcionar apoyo material a terroristas contra personas acusadas de pertenecer a Antifa. Los cargos por terrorismo se produjeron tras la orden emitida por Trump el otoño pasado para designar a Antifa como una organización terrorista interna. Dichos cargos no requerían demostrar un vínculo con ninguna organización específica, y no existe un equivalente nacional a la lista de organizaciones terroristas extranjeras del Departamento de Estado. Esto se debe, en parte, a que las organizaciones que operan dentro de Estados Unidos están protegidas por las amplias garantías de la Primera Enmienda. Los críticos del caso presentado por el Departamento de Justicia han señalado que el desenlace podría tener repercusiones significativas para las protestas. LA NOCHE DEL 4 DE JULIO DE 2025 El grupo llevó fuegos artificiales y causó daños materiales en vehículos y en una caseta de vigilancia; al menos una persona portaba un arma de fuego. Según los abogados del grupo, se trataba de una protesta contra las medidas enérgicas en materia de inmigración. La defensa sostuvo que la mayoría de los manifestantes comenzó a retirarse cuando dos guardias del centro salieron al exterior, momento que precedió a los disparos. El juicio se prolongó durante 12 días el pasado mes de marzo; en él declararon más de 45 testigos y se presentaron cientos de pruebas, culminando con un veredicto de culpabilidad por parte del jurado. El proceso fue seguido de cerca por expertos legales y críticos, quienes lo consideraron una prueba de los límites hasta los que puede llegar el gobierno para sancionar a los manifestantes. El oficial que recibió el disparo, el teniente Thomas Gross de la Policía de Alvarado, declaró que, al llegar al lugar de los hechos, vio a una persona vestida completamente de negro, con el rostro cubierto y portando un rifle. Relató al jurado que recibió un disparo de un proyectil que le entró por el hombro y le salió por el cuello. El abogado de Song, Phillip Hayes, argumentó ante el jurado durante los alegatos finales que no hubo un llamado a las armas antes de que Gross llegara al lugar y desenfundara su arma de fuego de manera "agresiva". Hayes sugirió que los disparos de Song constituían "fuego de supresión" y que el oficial fue alcanzado por una bala que había rebotado. Antes del juicio, varias personas se declararon culpables de prestar apoyo material a terroristas tras ser acusadas de apoyar al movimiento Antifa. Se enfrentan a penas de hasta 15 años de prisión al momento de dictarse la sentencia. Algunas de ellas testificaron a favor de la fiscalía, incluido Seth Sikes, quien afirmó haber acudido al centro de detención porque quería llevar algo de alegría a las personas allí recluidas. Associated Press reporter Jim Vertuno contributed from Austin, Texas.
Resumen con IA · Fuente: Telemundo McAllen (KTLM) →
